En esta ocasión, la pieza destacada no se encuentra dentro de una vitrina: es la propia sala en la que nos encontramos. La actual Sala Victoria Eugenia forma parte del Palacio de los Marqueses de Malferit, sede de L’Iber, Museo de los Soldaditos de Plomo. Sin embargo, durante unos meses de la Guerra Civil española este edificio desempeñó una función completamente distinta.
Entre noviembre de 1936 y mayo de 1937, sus habitaciones albergaron el Ministerio de Justicia de la Segunda República. Con toda probabilidad, la estancia que hoy conocemos como Sala Victoria Eugenia estuvo vinculada al despacho de su ministro, el anarquista Juan García Oliver. Para comprender cómo un antiguo palacio valenciano terminó convertido en ministerio, debemos regresar a noviembre de 1936.
Valencia, capital de la República
La Guerra Civil española había comenzado en julio de 1936. Pocos meses después, las tropas sublevadas avanzaban hacia Madrid y la situación de la capital se había vuelto extremadamente peligrosa. Por eso, el 6 de noviembre de 1936 el Gobierno presidido por Francisco Largo Caballero decidió trasladarse a Valencia. Desde entonces y hasta finales de octubre de 1937, la ciudad se convirtió de facto en capital de la República.
Ministerios, organismos oficiales, diplomáticos, periodistas y funcionarios llegaron a Valencia. El Gobierno necesitaba edificios desde los que seguir administrando el Estado en plena guerra. Por ello, numerosos palacios y grandes inmuebles de la ciudad se destinaron a usos oficiales.
La actual calle Caballeros, una de las principales vías del centro histórico, se llamaba entonces calle de la Metalurgia. Allí se concentraron varias dependencias gubernamentales: además del Ministerio de Justicia en el Palacio de Malferit, el Ministerio de Agricultura se instaló muy cerca, en el Palacio de Trénor.
Un Ministerio de Justicia dentro del Palacio de Malferit
El Ministerio de Justicia quedó instalado en el actual Palacio de Malferit, que entonces figuraba con el número 26 de la calle de la Metalurgia. Conocemos incluso la impresión que el edificio causó en el nuevo ministro gracias a sus propias memorias, El eco de los pasos. García Oliver recordaba así el momento en que se lo asignaron:
«Se trataba del palacio de un marqués, edificio de muy buen aspecto, con enormes vigas de madera sosteniendo los techos. Entrada amplia, con un pequeño patio en el centro y dependencias vacías en toda la planta baja. En el primer piso, una sala de recibir, un gran salón y una salita contigua. En las paredes de todas las habitaciones del primer piso había cuadros antiguos, la mayor parte de motivos religiosos y algunos paisajes.»
García Oliver dio instrucciones expresas de que nadie retirase aquellos cuadros de las paredes, ni siquiera los de motivo religioso. Como ministro de Justicia era también ministro de Cultos, y quería que cualquier sacerdote que visitara el edificio «se encontrara en su casa». Tiempo después, el deán de Canterbury, de visita en Valencia, le confesó su sorpresa: había recorrido varios ministerios instalados en otros palacios de la nobleza valenciana y en todos ellos las paredes habían quedado desnudas, con las marcas de los cuadros retirados. El de Justicia era el único donde seguían colgados.
El propio edificio que hoy recorren los visitantes de L’Iber era, por tanto, el escenario cotidiano de un ministerio en plena Guerra Civil.
Una fotografía que señala el camino hasta la Sala Victoria Eugenia
La identificación de esta sala con el antiguo despacho ministerial no parte solo de la lógica de la distribución del edificio. También se apoya en una fotografía de época que muestra a García Oliver trabajando en su despacho, acompañado de otros dos hombres.
En ella se reconocen varios elementos que aún conserva la Sala Victoria Eugenia: la madera, el gran espejo de marco tallado con una cresta de guirnalda sobre el remate y la disposición de la luz y de la entrada respecto al resto de la sala. El mobiliario de la fotografía —mesa de despacho, lámpara, teléfono— ha desaparecido, pero el espacio arquitectónico, con sus proporciones y sus acabados, apenas ha cambiado. Es esta coincidencia de detalles, junto con la descripción del propio ministro en sus memorias, la que ha llevado a Alejandro Noguera, director del Museo, a proponer esta identificación tras un estudio minucioso.
Juan García Oliver: un anarquista convertido en ministro
Al frente de aquel Ministerio se encontraba una figura singular. Nacido en Reus y vinculado desde muy joven al movimiento anarcosindicalista, García Oliver había sido uno de los dirigentes más destacados de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT.
Su llegada al Gobierno suponía una enorme paradoja. El anarquismo había defendido tradicionalmente la desaparición del Estado y había rechazado participar en sus instituciones. Sin embargo, la situación excepcional de la Guerra Civil llevó a varios dirigentes de la CNT a incorporarse, el 4 de noviembre de 1936, al Gobierno de Largo Caballero.
García Oliver aceptó precisamente una de las carteras que más contrastaba con su trayectoria revolucionaria: Justicia. Permaneció en el cargo hasta el 17 de mayo de 1937, cuando la caída del Gobierno de Largo Caballero puso fin a su etapa al frente del Ministerio. Durante aquellos meses, el Palacio de Malferit se convirtió en el centro desde el que desarrolló una intensa actividad legislativa y trató de reorganizar una administración de justicia profundamente alterada por la guerra y la revolución.
Un decreto histórico para los derechos de las mujeres
Entre las medidas impulsadas durante aquellos meses destaca especialmente una, que conecta el Palacio de Malferit con la historia de los derechos de las mujeres en España.
La Constitución republicana de 1931 había reconocido la igualdad jurídica y política de los ciudadanos y había abierto el camino al sufragio femenino, cuya gran defensora en las Cortes fue Clara Campoamor. Existía, no obstante, una importante contradicción: las mujeres podían votar, ser elegidas diputadas e incluso ocupar cargos públicos, pero las antiguas leyes civiles seguían imponiendo importantes limitaciones, especialmente a las mujeres casadas.
Para acabar con esa contradicción, García Oliver creó en el propio Ministerio una Comisión Asesora Jurídica, integrada por juristas de distinto signo político. A ella le encargó proyectos de decreto sobre materias pendientes desde hacía décadas. El más trascendente fue el decreto sobre la capacidad civil de la mujer.
El 4 de febrero de 1937, la Gaceta de la República (núm. 35) publicó el decreto refrendado por el ministro Juan García Oliver. Su primer artículo establecía:
«El sexo no origina diferencia alguna en la extensión y ejercicio de la capacidad civil. La mujer, sea cualquiera su estado, tiene la misma capacidad que las Leyes reconocen o puedan reconocer al hombre para ejercer todos los derechos y funciones civiles.»
Años después, en sus memorias, García Oliver explicó con estas palabras el alcance real de la reforma:
«¿Cuántas mujeres de España se han enterado de que desde el 4 de febrero son mujeres libres? […] Pensad en el contraste y lo absurdo que suponía que hubiese una mujer casada, que fuese elegida alcaldesa, diputado, ministro, que hiciese leyes y que en cambio no pudiera disponer de ella en el concepto civil ni de sus bienes. No podía ni siquiera salir de casa para irse a otra parte sin el permiso del marido.»
La reforma pretendía trasladar al ámbito de la vida civil la igualdad que la Constitución republicana había reconocido antes en el terreno político. La dictadura franquista la derogó y restauró la incapacidad jurídica de la mujer casada; España tardaría décadas en recuperar ese nivel de igualdad.
Desde este mismo palacio se impulsaron además otras reformas de calado: la legalización del matrimonio civil, la agilización de los trámites de adopción de menores huérfanos —especialmente urgente en tiempo de guerra— y una amnistía de delitos comunes anteriores al 18 de julio de 1936.
¿Estuvo Clara Campoamor en el Palacio de Malferit?
La relación entre este decreto y los derechos de las mujeres puede llevar a pensar que Clara Campoamor estuvo vinculada al Ministerio instalado en el Palacio de Malferit. No existe, sin embargo, constancia documental de ello, y la cronología permite descartarlo.
Campoamor había desempeñado un papel fundamental en la defensa del sufragio femenino durante las Cortes Constituyentes de 1931. Pero abandonó España en septiembre de 1936, antes de que el Gobierno republicano se trasladara a Valencia y antes de que García Oliver instalara aquí el Ministerio de Justicia.
Su importancia pertenece, por tanto, a una etapa anterior y complementaria. Campoamor fue una de las grandes protagonistas de la conquista de los derechos políticos de las mujeres. Años después, en circunstancias completamente distintas y en plena Guerra Civil, desde el Ministerio de Justicia instalado en el Palacio de Malferit se intentó extender esa igualdad al terreno de los derechos civiles.
Otros episodios vividos entre estos muros
El paso del Ministerio de Justicia por el palacio dejó también otros episodios que ilustran la tensión de aquellos meses. En el «gran salón» del primer piso —hoy la sala de la batalla de Almansa, que antes fue biblioteca— se convocó en una ocasión al llamado Tribunal de la Sangre. García Oliver quiso poner su actuación bajo control para terminar con las ejecuciones extrajudiciales que se producían en la Valencia de guerra.
El edificio tampoco estuvo a salvo de la propia guerra. En sus memorias, García Oliver recordó un bombardeo aéreo sobre la ciudad en el que una bomba llegó a estallar sobre el tejado del Ministerio, justo encima de una de las enormes vigas de madera de roble que sostenían los techos. El primer piso, donde se encontraba el despacho del ministro, se llenó de polvo y humo.
Un decreto oficial, fechado apenas unas semanas después de la instalación del Ministerio en el palacio, da fe del episodio. Lo firmaron en Barcelona, el 19 de diciembre de 1936, el presidente Manuel Azaña y el propio García Oliver, y se publicó en varios boletines oficiales de provincia. El texto reconoce que el edificio ocupado por el Ministerio de Justicia había sufrido daños «provocados por el bombardeo de las baterías y aviación enemigas», que destruyeron buena parte del Registro Central de Penados y Rebeldes. El impacto arrasó lo que hoy es la sala de la Antigüedad, cuyas vigas no son las originales: el tejado no recuperó su aspecto anterior hasta la restauración del edificio en 1945.
Cuando en mayo de 1937 dejó el cargo, García Oliver recogió sus documentos, dejó abierta y vacía una caja de caudales con las llaves puestas en la cerradura y se despidió de la guardia que él mismo había organizado en el palacio. Fue un gesto casi teatral con el que cerraba, tras seis meses de intensa actividad, su paso por estas habitaciones.
Un palacio convertido en testigo de la Historia
En mayo de 1937, tras la caída del Gobierno de Largo Caballero y la llegada de Juan Negrín a la presidencia, García Oliver abandonó el Ministerio de Justicia. Le sustituyó Manuel de Irujo, que continuó despachando en este mismo edificio y centró su labor en la protección de clérigos y miembros de la Iglesia desde el Palacio de Malferit.
Meses después, en octubre de 1937, el Gobierno de la República trasladó de nuevo su sede, esta vez de Valencia a Barcelona. El Palacio de Malferit cerraba así uno de los capítulos más singulares de su larga historia. Hoy, convertido en sede de L’Iber, Museo de los Soldaditos de Plomo, el edificio conserva una memoria que va mucho más allá de las colecciones que alberga.
Cuando el visitante entra en la Sala Victoria Eugenia no contempla únicamente una estancia histórica del palacio. Se encuentra en uno de los espacios que probablemente formaron parte del Ministerio de Justicia de la Segunda República durante la Guerra Civil, en una Valencia convertida temporalmente en capital del Estado. Entre estos muros trabajaron ministros y funcionarios, se administró justicia en uno de los momentos más difíciles de la historia contemporánea española y se impulsaron reformas legislativas que siguen teniendo eco hoy. Por eso, en esta sala el edificio deja de ser solo el escenario del museo para convertirse él mismo en una pieza de la Historia.
Fuentes y referencias
- García Oliver, Juan. El eco de los pasos. París: Ruedo Ibérico, 1978.
- Decreto de 4 de febrero de 1937. Gaceta de la República, núm. 35, pp. 635-636.
- Decreto de 19 de diciembre de 1936 (Manuel Azaña / Juan García Oliver). Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, año CV, núm. 155, 26 de diciembre de 1936 (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Ministerio de Cultura).
- Aragó Carrión, L.; Azkárraga Testor, J. M.; Salazar Bonet, J. (2011). Guía Urbana. Valencia 1931-1939: La ciudad en la II República. Universitat de València.
- Palacio de los Marqueses de Malferit. L’Iber, Museo de los Soldaditos de Plomo – Fundación Libertas 7.
